En el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL incoado por el ciudadano LUIS SILVA en contra del Decreto dictado por la Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, el 16 de febrero de 2006, mediante el cual fue removido del cargo de Secretario que desempeñaba en el Circuito Judicial Penal, Extensión Territorial Puerto Ordaz del Estado Bolívar, procede este Juzgado a pronunciarse sobre la solicitud de otorgarle validez a los actos procesales que se celebraron ante el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, presentada por el abogado Harold Contreras, abogado a quien le fue sustituida la representación judicial de la República, por el abogado Francisco Ramos Martínez, Director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en razón de la sustitución que de tal representación le hizo la Procuradora General de la República.

Mediante demanda presentada el 12 de julio de 2006, ante el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital (distribuidor), el ciudadano Luis Silva, ejerció recurso contencioso administrativo funcionarial contra el acto que lo removió del cargo de Secretario que desempeñaba en el Circuito Judicial Penal, Extensión Territorial Puerto Ordaz, Estado Bolívar.

Distribuida la causa correspondió su conocimiento al Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, quien en fecha 03 de agosto de 2006, admitió la demanda propuesta, ordenando el emplazamiento de la Procuradora General de la República.

Mediante escrito presentado el 14 de noviembre de 2006, la representación judicial del Estado Bolívar, contestó la pretensión, y en fecha 23 de noviembre de 2006, se celebró la audiencia preliminar, en cuyo acto la causa se abrió a pruebas.

Mediante escritos presentados el 30 de noviembre de 2006 y el 07 de diciembre de 2006, las partes promovieron pruebas, y en fecha 12 de diciembre de 2006, el referido Juzgado se declaró incompetente para el conocimiento de la causa y declinó la competencia en este Juzgado Superior con competencia contencioso administrativa en el Estado Bolívar.

Recibido en este Juzgado Superior el expediente en fecha 13 de febrero de 2007, mediante auto dictado el 15 de febrero de 2007, este Juzgado se declaró competente y admitió el recurso propuesto.

Mediante diligencia de fecha 22 de marzo de 2007, la representación judicial de la República, solicitó se le diera continuidad a la causa, otorgándosele validez a los actos procesales que se celebraron ante el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital.

Este Tribunal para decidir observa:

En materia de validez de los actos celebrados por un juez incompetente por el territorio, pero con la misma jerarquía y competencia en la materia objeto de la controversia, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se pronunció otorgándole validez a tales actuaciones, en sentencia N° 2589 de fecha 12 de agosto de 2005, en la que dispuso:

“Considera esta Sala que esa idoneidad señalada en el transcrito fallo la poseía el Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, más aún cuando tanto este último como el perteneciente al Circuito Judicial Penal del Estado Guárico son de la misma jerarquía, aplican un mismo procedimiento, regido por los mismos principios procesales, conocen la causa en el mismo estado aplicando el procedimiento ordinario, y sus competencias tienen como sustrato común el derecho penal, sus principios y las normas del Código Orgánico Procesal Penal aplicables; por tanto las actuaciones del supuesto juez incompetente son perfectamente válidas y no encuadrarían en la declaratoria de nulidad que prevé el artículo 69 eiusdem, ya que la referida en esta norma concierne a los actos dictados por un Tribunal incompetente por la materia mas no por el territorio.

En ese mismo orden de ideas esta Sala mediante decisión N° 1708 del 19 de julio de 2002 (Caso: Compactadora de Tierra, C.A. (Codetica), señaló la posibilidad de que los actos realizados por un juez incompetente no sean objeto de anulación; en dicho fallo indicó que:

“Considera esta Sala que en la aplicación de los efectos de cada sistema, hay que tener en consideración las especialidades y características de las “distintas jurisdicciones” y los principios que rigen los procesos que ellas conocen.

Si se trata de dos jueces con diferentes competencias, pero que aplican un mismo procedimiento, regido por los mismos principios procesales, o que pueden conocer la causa en el mismo estado aplicando el procedimiento ordinario, si las competencias tienen como sustrato común el derecho civil y sus principios, las normas del Código de Procedimiento Civil deberían ser las aplicables, y por tanto no se anularían las actuaciones del juez incompetente. Declarada con lugar una cuestión previa por incompetencia por la materia, se envían los autos al juez competente, que necesariamente va a aplicar el mismo procedimiento para la instrucción de la causa, por lo que anular lo realizado por el juez incompetente, sería en desmedro de la celeridad procesal, ya que el mismo juez no podía realizar actividad procesal distinta a la que correspondía al incompetente.”


Aplicando los criterios establecidos en la citada sentencia al caso de autos, sobre la validez de las actuaciones procesales realizadas por ante el Tribunal declarado incompetente, siempre que éste último conozca de igual materia, y hubiere aplicado el mismo procedimiento que aplicaría el competente, considera este Juzgado, que los actos celebrados en el presente proceso contencioso funcionarial, por ante el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, son plenamente validos, ya que, se trata de Tribunales con la misma jerarquía, con igual competencia por la materia, y se aplicó el mismo procedimiento especial contenido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, que este Tribunal aplica para la sustanciación del recurso en cuestión, en consecuencia, este Juzgado, deja sin efecto el auto de admisión, dictado el 15 de febrero de 2007, y otorga validez a los actos celebrados ante el Tribunal declarado incompetente, una vez firme la presente providencia, este Juzgado se pronunciara sobre la admisibilidad de las pruebas promovidas por las partes. Así se decide.

DISPOSITIVO

En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y de lo Contencioso Administración del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DEJA SIN EFECTO EL AUTO DE ADMISIÓN DICTADO POR ESTE JUZGADO, el 15 de febrero de 2007, en el presente RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL incoado por el ciudadano LUIS SILVA en contra del Decreto dictado por la Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, el 16 de febrero de 2006, mediante el cual fue removido del cargo de Secretario que desempeñaba en el Circuito Judicial Penal, Extensión Territorial Puerto Ordaz del Estado Bolívar, y se OTORGA VALIDEZ A LOS ACTOS PROCESALES CELEBRADOS ANTE EL TRIBUNAL DECLARADO INCOMPETENTE, una vez firme la presente providencia, este Juzgado se pronunciara sobre la admisibilidad de las pruebas promovidas por las partes.

Publíquese, regístrese, déjese copia certificada de la presente decisión en el Tribunal.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en Puerto Ordaz, treinta (30) de marzo de 2007. Años: 196º de la Independencia y 148º de la Federación.

LA JUEZA
BETTI OVALLES LOBO
LA SECRETARIA TEMPORAL
MARIA ISABEL IGLESIAS

Publicada en el día de hoy, treinta (30) de marzo de 2007, con las formalidades de ley, siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.). Conste.


LA SECRETARIA TEMPORAL
MARIA ISABEL IGLESIAS
Exp. Nº 11.608
Diarizado N° 49