REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE



CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL
DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
SALA N° 8


CAUSA N° 2795-07
PONENTE: ANA J. VILLAVICENCIO C.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

ACUSADO: ROBERTO DETTO REDAELLI, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad No V- 13.694.542
DELITO: HOMICIDIO INTENCIONAL (A TÍTULO DE DOLO EVENTUAL), previsto y sancionado por el artículo 407 (hoy 405) del Código Penal
DEFENSA: ABOGADO RAMÓN OSCAR CARMONA JORGE
MINISTERIO PÚBLICO: Fiscal 22º a Nivel Nacional con Competencia Plena del Ministerio Público, Fiscalía 53 del Ministerio Público con Competencia Plena.
VÍCTIMA: RAFAEL ANTONIO VIDAL CASTRO
VÍCTIMAS INDIRECTAS: FLOR MARINA CASTRO DE VIDAL y ANA CAROLINA VIDAL CASTRO
APODERADOS JUDICIALES DE LA VÍCTIMA: ABOGADOS JAVIER ELECHIGUERRA y CARLOS CALDERON

Corresponde a esta Alzada conocer de la presente causa, en virtud del recurso de apelación interpuesto por los profesionales del Derecho CARLOS J. LANDAETA CIPRIANY y RAMÓN OSCAR CARMONA JORGE, actuando en representación del ciudadano ROBERTO DETTO REDAELLI, en contra de la Sentencia Definitiva dictada por el Tribunal Mixto de Primera Instancia, en funciones de Juicio Nº 7 de este mismo Circuito Judicial Penal, en fecha 17 de julio de 2007 cuyo Texto íntegro fue publicado el 04 de agosto de 2007, mediante la cual condenó al antes mencionado ciudadano a cumplir la pena de QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN, por considerarlo Culpable de la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL A TÍTULO DE DOLO EVENTUAL, previsto y sancionado en el artículo 405 del Código Penal; y conjuntamente de acuerdo a lo establecido por el artículo 31, aparte in-fine, del Código Orgánico Procesal Penal contra la decisión que declaró sin lugar la excepción opuesta en juicio, con arreglo a lo establecido por el artículo 28, numeral 4, literal “e”, ejusdem.
Recibida como fue la presente causa el día 02 de octubre de 2007, se le dio entrada quedando designada con el Nº 2795-07, se notificó a la Sala en pleno y se designó Ponente a la Jueza que como tal suscribe la presente resolución judicial.
Admitiéndose el recurso y la prueba a que se refiere el artículo 334 del texto adjetivo penal, el día 17 del mes de octubre de 2007 y se fijó la audiencia a que se contrae el artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal, para el décimo día hábil siguiente a la fecha de admisión.
El día 20 de noviembre del mismo año se da inicio a la celebración de la Audiencia Oral a que se contrae el artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual después de varias suspensiones y diferimientos, culmina el día 30 de julio de 2008.
En fecha 16 de noviembre de 2009 fue reconstituída la Sala por designación que el día 21 de octubre del mismo año había hecho la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en la persona del Abogado GERARDO CAMERO HERNÁNDEZ como Suplente de la Jueza Liliana Vaudo, quedando integrada por los Jueces GERARDO CAMERO HERNÁNDEZ, Presidente, ANA J. VILLAVICENCIO C., y ZINNIA BRICEÑO MONASTERIO.
El 24 de noviembre de 2009 se ordenó celebrar de nuevo la audiencia a que se contrae el artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal, para dar cumplimiento al Principio de Inmediación previsto en el artículo 16 del texto adjetivo pena, para el décimo día hábil siguiente a partir del recibo de la última notificación que del abocamiento por parte del Juez antes mencionado, se hiciera.
En fecha 12 de julio de 2010 fue reconstituida la Sala por designación de la Jueza Reina Morandy Mijares en virtud de la Jubilación concedida a la Jueza Liliana Vaudo; quedando el Tribunal integrado por las Juezas REYNA MORANDY MIJARES, Presidenta, ANA J. VILLAVICENCIO C. y ZINNIA BRICEÑO MONASTERIO.
El día 19 de noviembre se reconstituye la Sala con la Jueza YUKO HORIUCHI YAMASHITA, quien fue designada para suplir la ausencia temporal de la Jueza ZINNIA BRICEÑO MONATERIO quien hizo uso de sus vacaciones legales.
En fecha 02 de diciembre de 2010 se dio inicio la audiencia a que se contrae el artículo 456 del ordenamiento adjetivo penal, fijada el día 24 de noviembre de 2009; siendo diferida y suspendida en varias oportunidades. El día 12 de enero del presente año, se reconstituyó la Sala quedando nuevamente conformada por las Juezas, Presidenta REINA MORANDY MIJARES, ANA J. VILLAVICENCIO C., y ZINNIA BRICEÑO MONASTERIO.
Finalizando el día 05 de abril de 2011 la Audiencia Oral iniciada el día 02 de diciembre de 2010, en razón de lo cual, para resolver, tenemos:
Que en la recurrida, encontramos los siguientes:

HECHOS

“…a las 3:30 de la mañana aproximadamente del día 12 de febrero del año 2005… el accidente se produjo en el momento que el conductor del vehículo Nº 1, ciudadano DETTO RADAELLI ROBERTO, transitaba por la Avenida Principal La Trinidad El Hatillo, en sentido Este oeste, y el conductor del vehículo Nº 2, el cual era conducido por la victima(sic) que en vida respondía al nombre de RAFAEL ANTONIO CASTRO VIDAL(sic), transitaba por la calle Gamelotal de la Urbanización La Esmeralda, con rumbo a la avenida Intercomunal con sentido El Hatillo, del croquis levantado al efecto por el funcionario actuante adscrito a Tránsito Terrestre, una marca de frenado de 32 metros, antes del punto de impacto, un evento en el cual los dos vehículos impactan y el vehículo del acusado DETTO RADAELLI ROBERTO, arrastra al vehículo de la víctima en una trayectoria de 22,10 metros, conjuntamente con marcas de frenado del vehículo conducido por el hoy acusado y un tercer evento se produce una bifurcación en donde los vehículos se separan y el vehículo del acusado continúa dejando en su trayectoria marcas de frenado de 20,50 metros y un cuarto evento en donde el vehículo del imputado continúa con su recorrido dejado(sic) impreso la marca del neumático trasero derecho en una trayectoria de 18 metros, hasta que culmina su recorrido con un total de 94,60 metros, entre marcas de frenado y marcas de arrastres(sic).

DEL RECURSO

Los ciudadanos Abogados CARLOS J. LANDAETA CIPRIANY y RAMÓN OSCAR CARMONA JORGE, actuando en representación del ciudadano ROBERTO DETTO REDAELLI, ejercieron recurso de Apelación en contra de la Sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Primera Instancia, en funciones de Juicio Nº 7 Mixto de este mismo Circuito Judicial Penal en fecha 17 de julio de 2007 cuyo Texto íntegro fue publicado el 04 de agosto de 2007, en los términos siguientes:

“…Advertencia Preliminar
Esta defensa detectó inconsistencias en el contenido del Acta de Debate, respecto a los hechos ocurridos durante el juicio según se evidencian del registro audiovisual levantado conforme al artículo 334 del Código Orgánico Procesal Penal. Es por ello que nuestro defendido no suscribió el acta de marras, y por la misma razón, el presente recurso se basa en el registro audiovisual promovido como prueba. En tal sentido, dejamos expresa constancia que la suscripción del acta por parte de alguno de los suscritos, no lleva implícita aceptación alguna sobre su contenido, tal como ha dispuesto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, entre otras, en su sentencia del 26 de junio de 2007, expediente No. 07-0662, (caso: Cnel Ramón Rivas Coronado), de cuyas líneas se lee:
“…Ahora bien, de lo expuesto se desprende que aunque el acta se haya levantado conforme a derecho, el hecho de que el accionante y sus defensores la hayan suscrito, no entraña, como erróneamente lo afirmó el a quo en la decisión apelada, un consentimiento tácito de la validez de la misma, ni un signo inequívoco de aceptación de su contenido. De allí que, el razonamiento de inadmisibilidad de conformidad con el cardinal 4, del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, realizado por el juez constitucional, no resulta acertado y así lo ha expresado la Sala en innumerables oportunidades…”.
Advertido lo anterior, procedemos:
PRIMERA PARTE
Solicitud autónoma de nulidad por
omisión de imputación formal
ROBERTO DETTO REDAELLI nunca fue imputado formalmente por el Ministerio Público. No se le hizo instructiva de cargos y, aún así, en su contra se consignaron las acusaciones fiscal y privada insertas en autos. Ello apunta otra causa por la cual el proceso es NULO de nulidad absoluta. Obsérvese:
El presente proceso inició el 12 de febrero de 2005, fecha en que tuvo lugar el accidente de tránsito que conforma su objeto, donde se produjo la aprehensión del ciudadano ROBERTO DETTO REDAELLI, la cual tuvo lugar en el Hospital de Clínicas Caracas donde se encontraba con motivo de las lesiones que sufrió.
En fecha 14 de febrero del mismo año, tuvo lugar la audiencia a que refiere el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, donde el Ministerio Público precalificó el hecho como HOMICIDIO INTENCIONAL A TÍTULO DE DOLO EVENTUAL, tipificado por el artículo 407 del Código Penal entonces vigente, y el Juez de Control cambió la calificación a HOMICIDIO CULPOSO estipulada por el artículo 405 ejusdem. En el mismo acto, y acogiéndose la petición fiscal correspondiente, se ordenó tramitar mediante las reglas del procedimiento ordinario, así como se impuso al imputado medidas cautelares sustitutivas (vid. ff. 02-145/p. 5).
En lo adelante se desarrolló la investigación durante la cual el Ministerio Público omitió toda consideración a las solicitudes realizadas por ROBERTO DETTO y su defensa. Y en ningún momento de dicha investigación el Ministerio Público citó o convocó a ROBERTO DETTO a los fines de ser imputado formalmente, por lo cual dicho acto de imputación no se realizó.
Pese a la omisión, el fiscal actuante interpuso acusación fiscal contra ROBERTO DETTO REDAELLI por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL A TÍTULO DE DOLO EVENTUAL.
Ahora bien, ha sido reiterada la jurisprudencia al determinar dos requerimientos procesales: Primero, que la audiencia a que refiere el artículo 250, así como la presentación a que refiere el artículo 373 del Código Orgánico Procesal, no representan un acto de imputación formal. Segundo, que antes de presentarse acusación fiscal, en los casos en que tuvo lugar la audiencia de marras (art. 373, COPP) y se ordeno el trámite conforme al procedimiento ordinario, el Ministerio Público está obligado a citar al investigado a los fines de su imputación formal, para instruirle en forma detallada y delimitada el hecho que se le imputa con circunstancias de modo, tiempo y lugar, y la calificación jurídica aplicada, así como los derechos que ostenta bajo tal cualidad, no sólo a contar con defensa técnica sino al ejercicio de las facultades a que refiere el artículo 125 del Código adjetivo. En efecto, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido lo siguiente:
• Sentencia de Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 28/06/2007, exp. No. 2007-00013, (caso: Luís Alberto Pontón Medrado y otros).
“…Si bien, la Sala de Casación Penal ha establecido en reiterada jurisprudencia que el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, no constituye un acto de imputación formal, por cuanto no es una oportunidad procesal para debatir sobre argumentos propios de la investigación sino para examinar y decidir sobre las circunstancias excepcionales que justifican o no, la aprehensión preventiva o la imposición de medidas cautelares que garanticen las resultas del proceso, en el presente caso, se advierte que la detención de los hoy acusados fue flagrante.
De la aprehensión flagrante surge la necesidad de la inmediata conducción del aprehendido ante el Juez de Control, pues de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 249 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal corresponde en esta oportunidad la convalidación de aquellas medidas coercitivas que permitan garantizar las resultas del proceso penal.
Ante la anterior situación y debido a la inmediatez del caso, el aprehendido obtendrá el carácter de imputado de acuerdo al artículo 124 del Código Orgánico Procesal Penal, sin embargo, en el caso que se disponga la continuación del proceso conforme al procedimiento ordinario, se debe cumplir con el acto formal de imputación una vez establecidos los hechos concretos y las pruebas que permitan fundar la acusación fiscal, pues tal requisito permite ejercer el efectivo derecho a la defensa y de los derechos determinados en el artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal.
En este orden, la Sala observa que el Fiscal del Ministerio Público, presentó formal acusación contra los ciudadanos Luis Alberto Pontón Medrano, César Liccioni Ugarte y José Ángel Guevara Bellizia, por los delitos de Secuestro y Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, sin cumplir previamente con el acto de imputación formal, al que está obligado de acuerdo con los artículos 8, 125, 126, 130, 131 del Código Orgánico Procesal Penal.
En este sentido, la Sala de Casación Penal, en reiteradas decisiones, ha expresado lo siguiente:
“…El acto de imputación formal, es una actividad propia del Ministerio Público, el cual previa citación del investigado y asistido por el defensor se le impone formalmente: del precepto constitucional que lo exime de declarar y aun en caso de rendir declaración hacerlo sin juramento, al igual que se le impone de los hechos investigados y aquellas circunstancias de modo, tiempo y lugar, la adecuación del tipo penal, los elementos que lo relacionan con la investigación y el acceso al expediente…”. (Sentencia Nº 568 del 18 de diciembre de 2006).
Por otra parte, la doctrina especializada ha establecido que: “…la defensa sólo puede ser eficaz en tanto y en cuanto el encausado y su defensor conozcan indubitablemente los hechos que se le atribuyen al primero, así como la necesidad de exponerle al imputado en forma clara, precisa y concreta la acción atribuida y todas las circunstancias jurídicas relevantes sin que sea suficiente el señalarle al imputado el nombre del delito o el artículo legal correspondiente al tipo de imputación…”. (SCHONBOHM, HORST y LOSING NORBERT. Sistema Acusatorio. Proceso Penal en América Latina y Alemania).
En efecto, lo que persigue el acto formal de imputación es preservar el derecho a la defensa, a través de la práctica de todas las actuaciones y diligencias necesarias que permitan crear una certera convicción de los hechos y del derecho aplicable.
En tal sentido, el Fiscal del Ministerio Público como parte de buena fe en el proceso debe procurar con los medios necesarios que la defensa y el imputado obtengan una clara definición de los hechos, del derecho y de las pruebas que como resultado de la investigación lo inculpen o lo exculpen de la responsabilidad penal.
Aunado a lo expuesto, es oportuno referirse a la doctrina del Ministerio Público N° DRD-14-196-2004, que convalida las consideraciones anteriores cuando sostiene: “…La falta de investigación previa a la presentación del escrito de acusación, y la ausencia tanto de la citación en condición de imputada, como de la imputación, constituyen francas violaciones del debido proceso, que dan lugar a la nulidad absoluta…”.
En consecuencia, se infringieron derechos constitucionales y legales delimitados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal, lo cual hace procedente declarar CON LUGAR la solicitud de avocamiento propuesta por la defensa de los ciudadanos Luis Alberto Pontón Medrano, César Liccioni Ugarte y José Ángel Guevara Bellizia.
De conformidad con lo establecido en los artículos 190, 191 y 195 del Código Orgánico Procesal Penal, se ordena la reposición del proceso al estado en que se lleve a cabo y con la urgencia del caso, una nueva audiencia de presentación de acuerdo con el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.
Así mismo, una vez establecidos los hechos y los elementos probatorios que surjan de la investigación efectuada, deberá procederse a la imputación formal de los ciudadanos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 125, 130 y 131 del Código Orgánico Procesal Penal. (Negrillas y subrayados nuestros)
• Sentencia de Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 18/12/2006, exp. No. 2006-000370, (caso: Pedro Maggino Belicchi).
“…Como se indicó anteriormente, se violaron disposiciones constitucionales y legales, con respecto a los ciudadanos Pedro José Maggino Belicchi e Ismael Barrios Conde, porque el acto de imputación formal al cual estaba obligado el Ministerio Público en el momento de atribuirle a los mencionados ciudadanos el supuesto delito de Transporte Ilícito Agravado de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas no se llevó a cabo.
El acto de imputación formal, es una actividad propia del Ministerio Público, el cual previa citación del investigado y asistido por defensor se le impone formalmente: del precepto constitucional que lo exime de declarar y aun en el caso de rendir declaración hacerlo sin juramento; al igual que se le impone de los hechos investigados y aquellas circunstancias de tiempo, modo y lugar, la adecuación al tipo penal, los elementos de convicción que lo relacionan con la investigación y el acceso al expediente según los artículos 8, 125, 126, 130, 131 del Código Orgánico Procesal Penal.
En este sentido, es oportuno mencionar que la naturaleza del proceso penal acusatorio, dispone como garantía máxima la presunción de inocencia, y en este orden, el Código Orgánico Procesal Penal dispone una serie de actos de estricto cumplimiento, necesarios para garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y la igualdad entre las partes.
En el presente caso, se observa que si bien es cierto que los ciudadanos Pedro José Maggino Belicchi e Ismael Barrios Conde fueron aprehendidos y, puestos a la orden del Juez de Control para la celebración de la audiencia que dispone el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, la realización del referido acto, no constituye un acto de imputación formal, pues ella tiene como finalidad examinar y decidir sobre las circunstancias excepcionales que justifican o no, la aprehensión preventiva y no la imposición de las actuaciones y elementos que conforman la investigación.
La realización previa del acto de imputación formal, permite el ejercicio efectivo del derecho a la defensa, mediante la declaración y la proposición de las diligencias necesarias para sostener la defensa, porque si bien el Ministerio Público ostenta autonomía e independencia, reconocida constitucionalmente en el artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y legalmente en el artículo 108 del Código Orgánico Procesal Penal; el investigado de conformidad con el artículo 49 (numeral 1) constitucional, tiene la defensa como garantía inviolable, en todo estado y grado de la investigación y del proceso.
La Sala Constitucional al referirse a la importancia del acto de imputación, ha decidido lo siguiente:
“…No establece el Código Orgánico Procesal Penal un derecho de las personas a solicitar del Ministerio Público, que declare si son o no son imputados, pero la Sala reputa que tal derecho sí existe, como un derivado del derecho de defensa que consagra el artículo 49 Constitucional para la investigación y que expresa ‘toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga’.
A juicio de esta Sala, cuando hay hechos concretos contra alguien, a pesar de que estén investigando, la persona tiene el derecho a solicitar conocerlos, y la existencia de tales hechos, de la misma naturaleza que los de las denuncias, equivalen a imputaciones…”.
(Sentencia N° 1636 del 17 de julio de 2002, Ponencia del Magistrado Doctor Jesús Eduardo Cabrera Romero).
Aunado a lo expuesto, es oportuno referirse a la doctrina del Ministerio Público N° DRD-14-196-2004, que convalida las consideraciones anteriores cuando sostiene: “…La falta de investigación previa a la presentación del escrito de acusación, y la ausencia tanto de la citación en condición de imputada, como de la imputación, constituyen francas violaciones del debido proceso, que dan lugar a la nulidad absoluta…”.
Con apoyo en los artículos 190, 191 y 195 del Código Orgánico Procesal Penal, la Sala de Casación Penal, en aras de garantizar la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el respeto al derecho a la defensa y la correcta administración de justicia, en relación con los ciudadanos Pedro José Maggino Belicchi e Ismael Barrios Conde, ordena la reposición del proceso al estado en que el Ministerio Público cumpla con el respectivo acto de imputación formal con estricto cumplimiento a lo previsto en los artículos 125, 130, 131 y 133 del Código Orgánico Procesal Penal.”
• Sentencia de Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 18/12/2006, exp. No. 2006-000487, (caso: Antonio Briceño Sánchez y otros).
“…El 30 de julio de 2006 tuvo lugar la audiencia de presentación de los imputados, donde se señala lo siguiente:
“…En el día de hoy, treinta (30) de julio del año 2006 (…) oportunidad para que tenga lugar el acto de AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN DE LOS IMPUTADOS: ANTONIO BRICEÑO SÁNCHEZ, HUGO ROSAS ARSENIO y ROGER QUINTANA LEÓN (…) de seguida la ciudadana Juez, da apertura al acto, el Tribunal le informa en este acto a los imputados que el Ministerio Público le va a señalar los hechos por los cuales solicitó una orden de aprehensión, el Ministerio Público va a imponer de los delitos, solicitar el procedimiento a seguir, la medida de coerción personal a imponer (…) ‘Esta representante Fiscal (…) hace formal presentación de los ciudadanos: ANTONIO BRICEÑO SANCHEZ (…) HUGO ARSENIO ROSAS (…) y ROGER QUINTANA LEOAN (sic) (…) precalifico la conducta del imputado: ANTONIO BRICEÑO SANCHEZ en el tipo penal: MALVERSACIÓN GENÉRICA, MALVERSACIÓN POR APLICACIÓN PÚBLICA DIFERENTE, MALVERSACIÓN EN MATERIA DE LICITACIÓN Y MALVERSACIÓN EN CRÉDITO PÚBLICO (…) en cuanto a la conducta de ROGER QUINTANA LEÓN, la precalifico en el tipo penal de: MALVERSACIÓN EN MATERIA DE LICITACIÓN, MALVERSACIÓN EN CRÉDITO PÚBLICO (sic) (…) y al ciudadano HUGO ARSENIO ROSAS, precalifico su conducta en el tipo penal de MALVERSACIÓN POR APLICACIÓN PÚBLICA DIFERENTE Y TRÁFICO DE INFLUENCIA…”. (Resaltado de la Sala)
El 1° de agosto de 2006, el Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, Extensión Puerto Ordáz dictó el pronunciamiento siguiente:
“… En el día de hoy (…) se constituye en la Sala de Audiencias (…) para dar inicio a la Audiencia Especial, a los fines de emitir el pronunciamiento sobre las solicitudes del Ministerio Público y defensa de los imputados, en virtud de haberse acogido el tribunal al lapso establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal (…) PUNTO ÚNICO: (…) se evidencia que el ciudadano Ex alcalde Antonio Briceño se encuentra incurso en la comisión de los delitos que encuadran dentro del tipo penal de los delitos de: MALVERSACIÓN GENÉRICA, MALVERSACIÓN POR APLICACIÓN PÚBLICA DIFERENTE y MALVERSACIÓN EN MATERIA DE LICITACIÓN (…) En relación al imputado HUGO ARSENIO ROSAS (…) se evidencia que su conducta se encuentra subsumida en los tipos penales (…) MALVERSACIÓN GENÉRICA y MALVERSACIÓN POR APLICACIÓN PÚBLICA DIFERENTE (…) en relación al ciudadano ROGER QUINTANA LEON (…) considera este Tribunal que de los elementos que acompaña la Vindicta Pública, a lo autos, no existen elementos de convicción que indiquen, que el referido ciudadano haya participado como autor o partícipe en los delitos imputados para subsumir la conducta del mismo dentro de los ilícitos penales precalificados y de acuerdo a las funciones del cargo que ejercía (…) no le correspondía el manejo de dinero o contratación de obras en la Alcaldía del Municipio Carona, (sic) en consecuencia (…) este Tribunal considera que el mismo no se encuentra incurso en los ilícitos penales…”. (…)
En el presente caso, la defensa del ciudadano Antonio Briceño Sánchez, alegó la violación de los derechos fundamentales, debido a la interposición, por parte de los representantes del Ministerio Público, de la acusación en contra del referido ciudadano, sin haberle realizado, previamente, el acto de imputación.
La Sala constató, que el Ministerio Público no realizó el acto de imputación formal al ciudadano Antonio Briceño Sánchez, por los delitos de concierto ilícito con contratistas, tráfico de influencias y abuso de funciones y al ciudadano Hugo Arsenio Rosas por los delitos de malversación por aplicación pública diferente, tráfico de influencias y abuso de funciones.
La Sala de Casación Penal, en referencia al acto de imputación ha señalado que: “… el derecho a la instructiva de cargos o acto imputatorio, que no es otra cosa, que el acto procesal por el cual se informa al imputado de manera clara y precisa de los hechos que se le atribuyen, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo. Así como las disposiciones legales aplicables al caso…”. (Sentencia Nº 226 del 23 de mayo de 2006, Ponencia del Magistrado Doctor Eladio Ramón Aponte Aponte).
Asimismo, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, al referirse a la importancia de tal acto de imputación, ha establecido lo sucesivo:
“… No establece el Código Orgánico Procesal Penal un derecho de las personas a solicitar al Ministerio Público, que declare si son o no imputados, pero la Sala reputa que tal derecho sí existe, como un derivado del derecho de defensa que consagra el artículo 49 Constitucional para la investigación y que expresa “toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga” (subrayado de la Sala).
A juicio de esta Sala, cuando hay hechos concretos contra alguien, a pesar de que se estén investigando, la persona tiene el derecho de solicitar conocerlos, y la existencia de tales hechos, de la misma naturaleza que los de las denuncias, equivalen a imputaciones…”. (Sentencia Nº 1636 del 17 de julio de 2002, Ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero).
De igual manera la doctrina establece que “…la defensa sólo puede ser eficaz en tanto y en cuanto el encausado y su defensor conozcan indubitablemente los hechos que se le atribuyen al primero, así como la necesidad de exponerle al imputado en forma clara, precisa y concreta la acción atribuida y todas las circunstancias jurídicas relevantes sin que sea suficiente el señalarle al imputado el nombre del delito o el artículo legal correspondiente al tipo de imputación…”. (SCHONBOHM, HORST y LOSING, NORBERT. Sistema Acusatorio. Proceso Penal. Juicio Oral en América Latina y Alemania. 1995. p 29.) (…)
En este sentido, la omisión de la imputación de los referidos delitos, en el presente caso, vulnera, en primer lugar, el derecho a la defensa consagrado en el artículo 49 (numeral 1) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal, así mismo atenta contra derechos fundamentales del proceso penal como lo es el debido proceso y por ello el acto de imputación formal es considerado formalidad esencial e irrenunciable en el proceso penal venezolano.
De igual forma el artículo 125 (numeral 1) ibídem, establece el derecho del imputado a ser informado de forma clara y específica de los hechos que se le imputan, esto se inicia con la citación, por parte del Ministerio Público, del imputado con el objeto de que una vez informado e imputado de los hechos por los cuales se le investiga, pueda ejercer su derecho a ser oído, todo con el objeto de garantizarle la defensa de los derechos e intereses legítimos, mediante la puesta en conocimiento del acto o resolución que los provoca.
La ausencia de ése acto formal de imputación, coloca al imputado en una situación de indefensión que es lesiva al derecho fundamental de defenderse y se convierte en requisito de improcedibilidad de la acción, pues la acusación además de cumplir con los requisitos legales para su admisión, debe cumplir, de igual forma, con los pasos procesales previos a su interposición.
La falta de imputación, respecto de los delitos agregados en el escrito acusatorio, vician de nulidad absoluta la acusación interpuesta, pues el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, es claro al señalar que: “serán consideradas nulidades absolutas aquellas concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establezca, o las que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstos en este Código, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República”.
Ni la audiencia a que refiere el artículo 250, ni la instruida conforme a los artículos 373 y 249 (en virtud de aprehensión in fraganti), último caso cuando se hubiere acordado el trámite mediante procedimiento ordinario, constituyen el requerimiento de imputación formal necesario y efectivo para la satisfacción y eficacia del derecho a la defensa. Ello aparte, claro está, de la imputación implícita a que refiere el artículo 124 ejusdem, pues si bien de ella desprenden derechos, su carácter implícito no instruye detalladamente (como refiere la jurisprudencia trascrita) ni el hecho ni la calificación jurídica que luego serán invocados por la acusación, ni las pruebas que el Ministerio Público pretende instruir contra el acusado. Por tales motivos, es obligación del Ministerio Público producir el acto formal de imputación antes de interponer la acusación fiscal, cuya omisión inevitablemente implica la nulidad del proceso a partir de la acusación interpuesta.
En exactas condiciones, ciudadanos Magistrados, el fiscal actuante omitió producir el acto de imputación formal a ROBERTO DETTO REDAELLI, pese a que el proceso se tramitaba conforme al procedimiento ordinario. En virtud de esa omisión, conforme a lo dispuesto por los artículos 190, 191, 195 y 196 del Código Orgánico Procesal Penal, la acusación interpuesta y sus actos subsiguientes, son NULOS de NULIDAD ABSOLUTA, y así, respe